En México contamos con un instrumento legal de evaluación de impacto ambiental, cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente. Además, se busca que este instrumento favorezca el desarrollo de proyectos compatibles con la preservación del ambiente. Sin embargo, a más de 30 años de su origen, es claro que la devastación ambiental continúa y con ello los conflictos empeoran. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental en México presenta grandes problemas que muchas veces son la causa de los conflictos socio-ambientales. En este contexto, la ciudadanía está completamente excluida y sin elementos para influir ni en la evaluación ni en la toma de decisiones. Actualmente, el reglamento en materia de impacto ambiental es obsoleto, no es un instrumento verdadero de evaluación y se ha convertido en un mero trámite. Esta situación se aprovecha para realizar obras y/o actividades con gravísimos impactos sociales y ambientales. Esto seguirá ocasionando, cada vez con más frecuencia, conflictos socio-ambientales en todo el país. En este sentido, las revisiones independientes al procedimiento de evaluación de impacto ambiental son un excelente camino para la defensa de los recursos naturales, el fortalecimiento de las luchas sociales, la búsqueda de justicia ambiental y la incidencia en conflictos socio-ambientales.
